La iniciativa elimina las barreras de patrimonio e ingresos para adherir al Régimen Simplificado de Ganancias. Busca acelerar la bancarización de ahorros no declarados y otorgar mayores garantías jurídicas frente a la reestructurada ARCA.
En una fuerte apuesta por dinamizar la economía e incrementar los depósitos en el sistema financiero formal, el Poder Ejecutivo Nacional envió de forma oficial a la Cámara de Diputados el nuevo proyecto de ley «Inocencia Fiscal II». La normativa, presentada inicialmente en conferencia por el ministro de Economía, Luis Caputo, introduce cambios clave respecto a la ley aprobada a fines de 2025 (Ley 27.799), atendiendo a sugerencias de asesores tributarios para brindar mayor seguridad jurídica a los ahorristas.
El espíritu central del proyecto radica en remover obstáculos burocráticos y sospechas impositivas sobre los ciudadanos que deseen formalizar sus tenencias de moneda extranjera. Según detallaron desde el Palacio de Hacienda, el objetivo es dar un «puente de confianza» permanente para que quienes mantengan capitales en la informalidad debido a restricciones cambiarias previas puedan reintroducirlos al circuito de inversión sin temor a penalizaciones ni persecuciones del fisco.
Las cuatro claves de la reforma impositiva
El texto enviado al Congreso se sostiene sobre importantes modificaciones operativas para el contribuyente:
Eliminación de topes de acceso: Bajo el esquema previo, solo podían optar por la Declaración Jurada Simplificada de Ganancias quienes tuvieran ingresos anuales menores a $1.000 millones y un patrimonio menor a $10.000 millones. La nueva ley elimina estas restricciones impositivas, abriendo las puertas a todas las personas humanas y sucesiones indivisas.
Redefinición de «discrepancia significativa»: Hasta hoy, si la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) detectaba una diferencia del 15% o más entre lo declarado y lo cruzado de manera sistémica, el contribuyente perdía todos los beneficios del régimen de forma inmediata. El nuevo proyecto incorpora un límite nominal protector: si la diferencia detectada no supera los $5 millones, el beneficio y la presunción de inocencia tributaria se mantienen firmes.
Ventana para rectificaciones voluntarias: El texto introduce un mecanismo inédito que faculta a los contribuyentes a corregir sus declaraciones. Si ARCA detecta una inconsistencia, el ciudadano tendrá un plazo de hasta 15 días hábiles a partir de la notificación oficial para presentar una declaración jurada rectificativa y saldar la diferencia junto a los intereses devengados, blindando de este modo su adhesión al beneficio.
Devoluciones ágiles con intereses: En caso de litigios impositivos donde la Justicia determine un fallo a favor del contribuyente, ARCA se verá obligada por ley a reintegrar los aportes abonados en un lapso estricto que no podrá superar los 45 días hábiles, reconociendo intereses compensatorios.
El tratamiento parlamentario y el laberinto de los votos
El proyecto será la máxima prioridad de la agenda legislativa de la Libertad Avanza tras la reanudación formal de las actividades de ambas cámaras después del receso invernal. El oficialismo aspira a dar un tratamiento rápido en comisión durante la primera semana de agosto para alcanzar la sanción definitiva de la ley antes de finales del mismo mes.
No obstante, el recorrido político requerirá un profundo proceso de negociación. El partido de gobierno dispone de un piso de 95 bancas propias en la Cámara Baja, quedando a una distancia considerable de los 129 votos necesarios para consolidar el cuórum y aprobar modificaciones fiscales de esta naturaleza. La Casa Rosada deberá abrir canales de diálogo con el PRO, la Unión Cívica Radical (UCR), Innovación Federal y Provincias Unidas para afianzar el texto legal.
Por su parte, sectores opositores han comenzado a manifestar reparos en torno a la inclusión de grandes patrimonios y funcionarios públicos dentro del régimen simplificado, un eje que promete centralizar gran parte del debate político en el recinto parlamentario.
